Renuncia jueza un día después de ordenar captura de César Jáuregui

Estados - 16 de noviembre, 2026
Renuncia jueza un día después de ordenar captura de César Jáuregui

La salida de Mariana Vieyra ocurrió tras autorizar la detención del exfiscal de Chihuahua.

La jueza federal Mariana Vieyra Valdés presentó su renuncia el 18 de octubre de 2026, apenas un día después de autorizar la orden de aprehensión contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunta traición a la patria por permitir la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra laboratorios clandestinos.

De acuerdo con información atribuida a fuentes judiciales, la juzgadora emitió el mandamiento de captura el 17 de octubre, mismo día en que Jáuregui fue detenido en Chihuahua. Sin embargo, al día siguiente dejó su cargo sin que hasta ahora se hayan dado a conocer públicamente las razones de su decisión.

El expediente fue asignado posteriormente al juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien vinculó a proceso al exfuncionario y ratificó la medida de prisión preventiva.

La defensa del exfiscal aseguró que fue informada de la salida de Vieyra Valdés durante las primeras diligencias judiciales, aunque el documento correspondiente no precisaba las causas de su separación.

El 21 de octubre, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) formalizó la recepción de la renuncia mediante el oficio SEPLE./PLE./009/1903/2026, firmado por su secretario ejecutivo, César Mauricio López Ramírez.

La comunicación fue remitida al Senado de la República para los efectos legales correspondientes, pero tampoco incluyó una explicación sobre los motivos de la dimisión.

Hasta el 16 de noviembre no se había difundido información oficial que permitiera establecer alguna relación entre la decisión de la jueza y el procedimiento penal contra Jáuregui.

Tras la renuncia de Vieyra Valdés, Ricardo Alfonso Santos Dorantes quedó a cargo del expediente federal.

De acuerdo con la información disponible, los abogados de Jáuregui fueron notificados del cambio de juzgador el 19 de octubre y, para el día 20, Santos Dorantes ya figuraba como responsable del procedimiento.

El 25 de octubre, el juez resolvió vincular a proceso al exfiscal por el presunto delito de traición a la patria, ratificó su permanencia en prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Uno de los aspectos pendientes de aclaración es el mecanismo mediante el cual el juzgador recibió el expediente, debido a que su ficha curricular del Consejo de la Judicatura Federal lo ubicaba en un centro de justicia penal con sede en Nezahualcóyotl, mientras que Vieyra estaba adscrita a Almoloya de Juárez.

No obstante, esta diferencia administrativa no demuestra por sí misma que Santos Dorantes careciera de competencia para intervenir en el proceso.

La investigación federal se relaciona con un operativo desarrollado entre el 17 y el 18 de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales localizaron seis laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

En las acciones participaron integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, personal de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de agentes estadounidenses identificados posteriormente como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Durante el regreso del operativo, el 19 de abril, una camioneta cayó por un barranco, lo que provocó la muerte del entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes; su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, y dos agentes estadounidenses, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.

La FGR sostiene que Jáuregui organizó y coordinó el despliegue sin informar debidamente a las autoridades federales sobre la intervención de personal extranjero.

La fiscal general Ernestina Godoy señaló que la investigación incluyó más de 100 actos de gabinete y campo, además de advertir que las autoridades estatales no pueden asumir facultades exclusivas de la Federación ni permitir el ejercicio de atribuciones públicas por parte de agentes extranjeros.

Por su parte, la defensa del exfiscal ha rechazado que existan pruebas suficientes para acreditar que autorizó la participación de los agentes estadounidenses.

Antes de su renuncia, Mariana Vieyra Valdés intervino en diversos expedientes de relevancia nacional.

En julio de 2025 absolvió a Israel Vallarta Cisneros, quien permaneció cerca de dos décadas en prisión preventiva acusado de secuestro y delincuencia organizada. La juzgadora consideró que la Fiscalía no había logrado demostrar su responsabilidad penal.

También dictó una sentencia de 89 años de prisión contra Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, por delitos relacionados con delincuencia organizada y secuestro.

Además, participó en procedimientos vinculados con investigaciones sobre presunto contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

La detención de Jáuregui provocó reacciones entre dirigentes y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, quienes han cuestionado la actuación de las autoridades federales.

El senador Mario Vázquez Robles y otros representantes panistas han solicitado que el exfiscal enfrente su proceso en libertad, mientras que el alcalde con licencia de Chihuahua, Marco Bonilla, lo ha calificado como preso político.

Desde prisión, Jáuregui también solicitó respaldo institucional a la dirigencia nacional del partido y pidió que se defendiera públicamente su presunción de inocencia.

El Consejo Estatal del PAN acordó el 7 de noviembre pronunciarse contra su permanencia en prisión, aunque la dirigencia estatal señaló que el respaldo político no implicaría intervenir en las decisiones judiciales.

Hasta el 16 de noviembre, César Jáuregui permanecía internado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, mientras su defensa preparaba recursos contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva.

En paralelo, enfrenta una causa penal estatal por ejercicio ilegal del servicio público, mientras continúa la controversia jurídica sobre otras imputaciones formuladas en su contra.

La salida de Mariana Vieyra Valdés permanece sin una explicación pública oficial. Tampoco se ha dado a conocer el acuerdo específico mediante el cual Ricardo Alfonso Santos Dorantes recibió el expediente.

Mientras la FGR mantiene la acusación por presunta traición a la patria, los abogados del exfiscal insisten en que no existen elementos suficientes para demostrar su responsabilidad en la participación de agentes extranjeros durante el operativo realizado en Chihuahua.